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viernes, 13 de enero de 2017

Ratifican el primer fallo contra el cobro de comisiones por 'números rojos'


El fallo que el juzgado de lo mercantil 1 de Vitoria dictó en junio de 2016 fue el primero de estas características en España, según la Organización Vasca de Personas Consumidoras (EKA/OCU), promotora de la acción contra el banco vasco, que también anunció que iba a llevar a los tribunales a todas las entidades financieras que continúen cobrando estas comisiones.

Ahora ha sido ratificada por la Audiencia de Álava, aunque todavía no es firme porque Kutxabank ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

Según ha informado hoy en un nota de prensa EKA/OCU, la Sección Primera de la Audiencia alavesa ha confirmado la resolución que el pasado junio dictó el juzgado de lo mercantil 1 de Vitoria que obligaba a dicha entidad a dejar de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la comisión de 30 euros.


El juzgado ordenó a la entidad financiera que dejase de cobrar en todas sus oficinas y a todos sus clientes la "comisión por reclamación de posiciones deudoras, vencidas o descubiertos" en los contratos de operaciones de crédito y en los de cuentas corrientes, tanto en los que firme en adelante como en los que Kutxabank tiene en vigor.

Fuente: Expansión

martes, 10 de enero de 2017

El Gobierno llevará al Constitucional la sentencia del bono social que obliga a devolver 500 millones de euros a las eléctricas

El Gobierno prepara la presentación de forma "inminente" de un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press.



Esta sentencia, de finales de octubre, no solo reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, circunstancia que obligó recientemente al Gobierno a diseñar un nuevo sistema en el que el coste de la ayuda se carga sobre las comercializadoras.


El Ejecutivo adopta la decisión de recurrir al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Gobierno en contra de la sentencia del tribunal. La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional.

Fuente: Expansión