El Gobierno suspenderá el impuesto a la generación para bajar el precio de la luz

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles la "suspensión" del impuesto a la generación eléctrica (pasará del 7% a "prácticamente 0%") como medida de choque para rebajar la tarifa eléctrica, disparada en lo que va de año. Ello podría suponer una rebaja de entre el 2,5% y el 4% en el recibo de los consumidores domésticos y de entre el 5% y el 5,5% para los industriales. Además, ha adelantado que el Gobierno va a rebajar el precio de la calefacción a los hogares más pobres y va a cambiar el bono social eléctrico (rebaja de hasta el 100% en la factura para las familias más vulnerables) para evitar que pierda más de la mitad de sus beneficiarios a causa de la reforma que aprobó el Gobierno de Rajoy a finales del año pasado.

Link - El Periódico

Aenor certifica el sistema de gestión de calidad de Iberdrola y destaca su adaptación al nuevo bono social

Aenor ha certificado el sistema de gestión de calidad de Iberdrola Comercialización de Último Recurso (Ibercur) según la norma ISO 9001:2015 y ha destacado su adaptación al nuevo bono social eléctrico, aprobado por el Gobierno el pasado mes de octubre.

En su informe de auditoría, la entidad de certificación valora la gestión de la comercialización de energía a clientes a precios regulados y la representación de fuentes de energía renovables de la comercializadora de referencia de la energética.

Asimismo, destaca como "punto fuerte" la "respuesta y rapidez" de Iberdrola en atender a los requisitos derivados del RD 897/2017, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección.

A este respecto valora la información a canales de la energética respecto al nuevo bono social eléctrico, así como la adecuación y acceso de la aplicación para la gestión de las solicitudes y la adaptación de la web.

Fuente: Expansión

El PSOE pide que el bono social eléctrico se dirija a rentas de unos 18.600 euros anuales

La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, ha señalado a los medios de comunicación que el PSOE ha trasladado al ministerio las propuestas de su grupo sobre el criterio de renta que deben regir en el bono social y las definiciones de lo que son los tipos de consumidores vulnerables, severos y no severos.

En este sentido ha dicho que los socialistas quieren que pueda ser solicitado por los consumidores con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, indicador con el que se referencian becas o ayudas estatales. El IPREM en 2017 se sitúa en 7.455,14 euros al año en 14 pagas.

Lucio ha confirmado que tras los contactos mantenidos con el Gobierno la semana pasada, el ministerio de Energía se ha comprometido a trasladar a los grupos parlamentarios el borrador del reglamento.

"Confío en que así lo hagan", ha dicho, tras asegurar que el PSOE ha trasladado una propuesta "muy detallada" sobre lo que deben ser los consumidores vulnerables y el perfil que deben definir también las CCAA.

Fuente: Expansión

La renta decidirá quién recibe el bono social de la luz

El Gobierno y la oposición avanzan a la hora de definir quiénes podrán beneficiarse del bono social eléctrico -un descuento del 25% en la tarifa regulada- y han decidido ya que usarán un criterio de renta.

De acuerdo con la regulación actual pueden disfrutar del bono los consumidores con menos de 3 kW de potencia contratada, las familias numerosas, los jubilados con pensiones mínimas y los hogares con todos sus miembros en paro, independientemente de su volumen de ingresos.

La normativa europea (Directiva 2009/72/CE) permite a los estados definir qué entienden por consumidor vulnerable -con derecho a beneficiarse del bono-.

Fuente: El Economista

El Gobierno llevará al Constitucional la sentencia del bono social que obliga a devolver 500 millones de euros a las eléctricas

El Gobierno prepara la presentación de forma "inminente" de un recurso ante el Tribunal Constitucional en contra de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a indemnizar con cerca de 500 millones de euros a las principales eléctricas por haber costeado el bono social de la luz en los últimos años, según han indicado fuentes gubernamentales a Europa Press.

Esta sentencia, de finales de octubre, no solo reconoce el derecho de las empresas a ser indemnizadas, sino que anula el mecanismo de financiación del bono social, circunstancia que obligó recientemente al Gobierno a diseñar un nuevo sistema en el que el coste de la ayuda se carga sobre las comercializadoras.

El Ejecutivo adopta la decisión de recurrir al Constitucional después de que la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo desestimara el incidente de nulidad que había presentado el propio Gobierno en contra de la sentencia del tribunal. La Abogacía del Estado considera que los cauces legales no están agotados y que se puede recurrir al Constitucional.

Fuente: Expansión

No hay ayudas públicas en España para sufragar el recibo del gas ni se esperan

Hace dos años, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la Ley de Hidrocarburos en la que se preveía incluir la creación de un bono social del gas para las familias más vulnerables.

Una ayuda social que el sector del butano se mostró dispuesto a apoyar en su momento a cambio de que se liberalizara completamente la bombona y que la Comisión Europea ha exigido en reiteradas ocasiones a España, en base a las recomendaciones que Bruselas ha lanzado al Gobierno español sobre su política energética al detectar el bajo nivel de satisfacción de los clientes. Sin embargo, a día de hoy, sigue sin ser una realidad.

La razón de que no exista un bono social para el gas en nuestro país es regulatoria. El gas no está contemplado como un servicio básico, ya que cuenta con otras alternativas como el butano, la biomasa o la propia energía eléctrica para calentar una casa, disponer de agua caliente o cocinar, a diferencia de la electricidad y el agua, que sí se consideran imprescindibles para la supervivencia de cualquier hogar.

La ausencia de un marco normativo que proteja a los consumidores en situaciones de vulnerabilidad más severa y de una estrategia definida para luchar contra la pobreza energética que sufre el país, han supuesto un retraso en el avance de políticas sociales que garanticen el suministro energético en los hogares españoles más desfavorecidos.

Fuente: El Economista