LaAsociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) ha interpuesto un recurso
contencioso administrativo contra la instrucción sobre pobreza energética del
Ayuntamiento de Barcelona, única en Cataluña y vigente desde julio pasado y por
cuya infracción ya ha impuesto una sanción.
"El
motivo del recurso es que la instrucción se basa en la legislación autonómica
catalana sobre clientes vulnerables cuando la doctrina del Tribunal
Constitucional establecida en recientes sentencias dice que las comunidades
autónomas no tienen las competencias para regular en estos casos, sino el
Estado" ha informado UNESA a EFE.
Según
han indicado fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, junto a la demanda que ha
interpuesto en el juzgado de lo contencioso administrativo 18 de Barcelona,
UNESA ha pedido al juez las medidas cautelares de "suspensión de los
apartados de la instrucción relativos a los requerimientos previos a las
compañías sobre los cortes de suministro y la sanción de corte por no haber
solicitado el informe a los servicios sociales".
Barcelona
dispone, desde julio de este año, de una instrucción propia, que tiene carácter
normativo, que desarrolla la aplicación de la ley 24/2015 de Pobreza Energética
que precisa lo que establece esta ley sobre la tipología de las sanciones, un
procedimiento y unas garantías jurídicas para hacerlo efectivo.
También
define multas coercitivas y sanciones en caso de que se incumpla.
Fuente: La Vanguardia
