Hace dos
años, el Consejo de Ministros aprobó la reforma de la
Ley de Hidrocarburos en la que se preveía incluir la creación de un bono social
del gas para las familias más vulnerables.
Una ayuda
social que el sector del butano se mostró dispuesto a apoyar en su momento a
cambio de que se liberalizara completamente la bombona y que la Comisión
Europea ha exigido en reiteradas ocasiones a España, en base a las
recomendaciones que Bruselas ha lanzado al Gobierno español sobre su política
energética al detectar el bajo nivel de satisfacción de los clientes. Sin
embargo, a día de hoy, sigue sin ser una realidad.
La razón de
que no exista un bono social para el gas en nuestro país es regulatoria. El gas
no está contemplado como un servicio básico, ya que cuenta con otras
alternativas como el butano, la biomasa o la propia energía eléctrica para
calentar una casa, disponer de agua caliente o cocinar, a diferencia de la
electricidad y el agua, que sí se consideran imprescindibles para la
supervivencia de cualquier hogar.
La ausencia
de un marco normativo que proteja a los consumidores en situaciones de
vulnerabilidad más severa y de una estrategia definida para luchar contra la
pobreza energética que sufre el país, han supuesto un retraso en el avance de
políticas sociales que garanticen el suministro energético en los hogares españoles
más desfavorecidos.
